En las últimas décadas, la banca digital ha irrumpido en la vida de millones de personas, transformando la manera en la que gestionamos nuestro dinero. La comodidad de realizar operaciones desde un smartphone o un ordenador se complementa con transacciones electrónicas en tiempo real, pero también expone datos sumamente sensibles.
De acuerdo con estimaciones globales, entre 2020 y 2025 las transacciones electrónicas crecerán un 82%, pasando de 1 billón a 1,8 billones de operaciones. Este auge implica que los bancos y fintech gestionan historiales de crédito, información patrimonial y datos biométricos, al tiempo que amplían sus puntos de entrada a ciberataques y brechas de seguridad.
En la Unión Europea y España, el cumplimiento del RGPD y la LOPDGDD marca el estándar de calidad y transparencia. Estas normas obligan a las entidades financieras a nombrar un delegado de protección de datos obligatorio, implementar privacidad por defecto y por diseño y notificar cualquier brecha de seguridad en plazos muy ajustados.
Además, la AEPD refuerza en 2025 la protección en ámbitos como ciberseguridad, videovigilancia y uso de IA, estableciendo requisitos de transparencia algorítmica y evaluaciones de impacto y riesgos para evitar sesgos discriminatorios.
La normativa PSD2 y la futura PSD3 obligan a bancos a abrir APIs para terceros, siempre bajo consentimiento claro y totalmente revocable. El reglamento eIDAS2, por su parte, crea una identidad digital europea que mejora la autenticación y reduce el riesgo de suplantación.
El DORA exige a las entidades financieras reforzar su resiliencia operativa digital robusta y controlar riesgos de terceros, mientras que marcos globales como GLBA, CCPA, PCI DSS y BSA ofrecen perspectivas comparadas sobre la seguridad, privacidad y la integridad de registros.
En la práctica, los bancos digitales manejan múltiples categorías de datos. Cada tipo conlleva riesgos específicos si no se protegen adecuadamente:
Un ataque de phishing, el robo de credenciales o un fallo en un servicio de terceros puede exponer información crítica. El entorno de open banking y fintech multiplica los puntos de entrada y convierte la minimización rigurosa de los datos en una defensa esencial.
Para garantizar la privacidad, los bancos digitales implementan una combinación de medidas técnicas y organizativas:
Cada una de estas prácticas debe evaluarse mediante evaluaciones de impacto y riesgos y ajustarse según la evolución de tecnologías y normativas. El empleo de IA en detección de fraude, por ejemplo, requiere modelos transparentes y libres de sesgos.
Bajo el RGPD, los clientes de banca digital disfrutan de derechos fundamentales que las entidades deben facilitar de manera efectiva:
Al mismo tiempo, las entidades asumen obligaciones que incluyen nombrar un DPO, aplicar responsabilidad activa y demostrable en sus procesos y notificar incidencias a la autoridad y a los afectados en menos de 72 horas.
Los usuarios también tienen deberes: mantener credenciales seguras, activar MFA y revisar periódicamente las autorizaciones que han otorgado a terceros.
La privacidad en la banca digital es un pilar de confianza que beneficia tanto a usuarios como a entidades. Para fortalecerla, se recomienda:
La sinergia entre tecnología, regulación y conducta responsable permitirá afrontar los retos de un ecosistema financiero cada vez más fragmentado y conectado. Proteger los datos personales es proteger la confianza que sustenta nuestra relación con la banca digital.
Referencias
